UN JUEZ ABRE DILIGENCIAS POR LA QUERELLA CONTRA EL «BARCO DEL ABORTO»

Pide al fiscal que se pronuncie sobre la competencia de los juzgados españoles Determinar si la Justicia española es competente será decisivo para resolver si se inicia una investigación penal.El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez Saval, ha incoado diligencias previas en relación con la querella por delito de aborto ilegal presentada contra el ginecólogo de la Clínica Ginecológica Mediterránea José Luis Carbonell y la ginecóloga holandesa Gunilla Kleiverda por las interrupciones de embarazos llevados a cabo en el barco «Women on Waves» en las inmediaciones de Valencia, supuestamente fuera de las aguas territoriales españolas. En el auto dictado por el magistrado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se adopta la citada decisión a fin de establecer «si los hechos presentan indiciariamente carácter delictivo», el procedimiento aplicable y, en su caso, el órgano judicial encargado para su enjuiciamiento. Junto a ello, el magistrado ha solicitado al Ministerio Fiscal que informe acerca de si los tribunales españoles son competentes para conocer los hechos denunciados, toda vez que, al parecer, los abortos se practicaron cuando el barco holandés se encontraba en aguas internacionales. Una vez que reciba este informa, el magistrado se pronunciará sobre si admite o no a trámite la querella presentada por Alternativa Española. Precisamente, en relación con la competencia o no de los juzgados españoles, en la acción penal ejercitada se afirma que «no existe prueba» de que esas interrupciones de embarazos se llevasen a cabo una vez superados los límites jurisdiccionales españoles. «Esta circunstancia, por más que sea así declarada públicamente, no puede presumirse, sino que debe acreditarse y justificarse por quienes pretenden eludir la acción de la Justicia española». Pero, para justificar la competencia española, además, se esgrime también que los abortos que se realizan en el interior del barco holandés son mediante el suministro de dos fármacos concretos, los cuales «únicamente provocan el aborto instantáneo en un porcentaje muy reducido de casos», siendo lo habitual que la muerte del feto se produzca «las siguientes horas o días». Esto supone, a juicio de los querellantes -a los que el juez ha exigido una fianza de 2.000 euros para ejercitar la acción popular- «que los delitos se estarían consumando, en cuanto a sus efectos, en España», por lo que los tribunales españoles serían competentes para investigar los hechos.
Fuente: La Razón.-