Leemos El
Diario Montañés y no damos crédito: “El
Ministerio de Industria ha vuelto a prorrogar, esta vez hasta junio de 2016, el
permiso para investigar la existencia de hidrocarburos en Soba, mediante la
técnica del fracking”. Por nuestra parte, de la misma forma que hemos
denunciado el desastre del corrupto, despilfarrador y caótico Estado de las
Autonomías, no podemos callar ante la intromisión del Estado en asuntos que
competen a los municipios del área rural de Cantabria. En otro momento denunciaremos el excesivo poder de
las grandes corporaciones -que trataremos de combatir apoyando a las pequeñas y
medianas empresas- pero adelantamos que si el Estado no respeta la decisión de
nuestros vecinos emprenderemos medidas concretas en nuestros municipios contra
el servilismo de una casta política que no nos representa.
Aunque esperamos que el gobierno
regional prohíba la perforación como ha prometido, y según lo acordado por
unanimidad en el Parlamento Regional, nos gustaría hacer algunas apreciaciones.
En primer lugar, no nos basta con que el consejero de Medio Ambiente diga que
es “muy difícil” que se practique el fracking en Cantabria. La respuesta, la única que vale, debe ser
la contundente, la que exprese el sentir de la mayoría de los cántabros que
no sólo sufrimos una gravísima crisis económica sino que además, y no somos
tontos, vemos cómo se está jugando con lo nuestro y para el beneficio de otros
que para más inri no revierten sus ganancias en nuestra tierra. No queremos
fracking.
En segundo lugar, y más
importante que el beneficio económico que se pueda obtener mediante cualquier
práctica, vemos cómo se está haciendo
burla de la aspiración de la sociedad cántabra a que nuestra tierra sea una
tierra sana y bien conservada. Es nuestro deber realizar un uso responsable
de la tierra, lo que también implica pensar en las generaciones futuras. ¿O es
que ya no somos capaces de pensar en nuestros hijos? Existen informes
suficientes que demuestran que la técnica de la fractura hidráulica supone un
grave peligro para el medio ambiente.
En tercer lugar, presentamos este
asunto como prueba de que los municipios cántabros actualmente están fuera de
juego con respecto al Estado y los intereses económicos de personas a las que trae
sin cuento nuestra tierra. Se les llena la boca hablando de democracia pero lo
cierto es que no existen mecanismos de
participación política que respeten el principio de subsidiariedad. Este
principio, del que cada vez se habla menos, puede entenderse de dos maneras. En
su sentido positivo, se concreta en el deber de las entidades sociales más
grandes de ayudar a las entidades sociales más pequeñas. En su sentido
negativo, y es el que más nos interesa en este caso, se concreta en que el
Estado debe “abstenerse
de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital de las células menores y
esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben
ser suplantadas” (Compendio DSI, punto 186).
No hemos olvidado las
desamortizaciones y otras afrentas que aunque ya pasadas nos recuerdan a las
generaciones presentes lo que ocurre cuando se abandona nuestra tradición
política y el Estado se vuelve omnipotente. No olvidamos tampoco que en la
actualidad en Cantabria hay concedidos más permisos, otros seis, igual de
injustos que el que salta ahora a la palestra.
MIGUEL CAMARGO.
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